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Como resultado de las acciones emprendidas por Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría General de la República, en contra de las bandas de secuestradores con mayor capacidad logística y de operación, en los dos últimos años se ha observado un retorno de los secuestradores a su origen en la comisión de delitos menores y un incremento en el delito de extorsión bajo amenaza de secuestro.

Este fenómeno obedece, principalmente a las siguientes causas: 

Los grupos criminales ya no cuentan con la capacidad operativa que les permita obtener información precisa de sus víctimas ni tampoco la infraestructura para mantenerlas en cautiverio durante largos periodos para el cobro del rescate.

El hecho de que no haya una víctima de por medio y que muchas veces el pago sea vía negocios dedicados a la transferencia electrónica de dinero, disminuye el riesgo de ser detenidos, ya que en muchos casos optan por no cobrar.

Algunos de los secuestradores y defraudadores que se encuentran presos en las diversas cárceles del país, en particular de la ciudad de México, han incursionado en este delito a través de enlaces externos ante la escasa restricción de las comunicaciones al interior del los centros penitenciarios. Al respecto cabe citar que del total de extorsiones con amenaza de secuestro, entre el 80 y 90% de las comunicaciones tienen como origen los diversos penales.

El estudio de las bandas dedicadas a la extorsión bajo amenaza de secuestro, daño físico o remisión ante el Ministerio Público, han permitido identificar cuatro “modus operandi”, siendo estos los siguientes:

Que son un grupo de personas dedicadas al secuestro procedentes del estado de Guerrero o de alguna otra entidad federativa cuyo objetivo era secuestrar o dañar a la víctima o a algún miembro de su familia, pero luego de algunas semanas o meses de seguimiento se dieron cuenta de que su solvencia económica no le permitiría pagar un rescate en millones de pesos, por lo cual solicitan les sean solventados sus gastos de estancia e investigación, exigiendo montos entre 50 y 300 mil pesos, los cuales deberán de ser depositados en bancos o negocios dedicados al envío de dinero, “garantizando” que con este pago ya no serán molestados.

Entre los nombres con los que se identifican los presuntos secuestradores destacan los siguientes:

Que una persona cercana a la víctima les ha proporcionado información para secuestrarlo o causarle daño a ella o a algún miembro de su familia y que, a cambio de una cantidad que oscila entre 50 y 100 mil pesos, desistirá de su acción y además le enviará un sobre con la información de la persona que le proporcionó sus datos.

Entre los nombres con que se identifican los presuntos secuestradores se destacan los siguientes:

Que es un comandante de una corporación policíaca que tiene detenido a un familiar de la víctima procedente del extranjero o que éste participó en algún accidente y causó daños a las vías de comunicación, por lo que requiere le sean depositados montos entre 5 y 20 mil pesos para no remitirlo ante el Ministerio Público.

Entre los nombres con los que se identifican los presuntos secuestradores destacan los siguientes:

Que es un funcionario de aduanas y que tiene detenido a una familiar de la víctima procedente del extranjero que trae consigo fuertes cantidades de dólares que no fueron declarados por lo que requiere le sean depositados montos entre 5 y 20 mil pesos para no remitirlo a la autoridad competente.

Entre los nombres con que se identifican los presuntos secuestradores destacan los siguientes:

En caso de recibir una llamada telefónica de esta naturaleza seguir los siguientes pasos:

Mantener la calma y no manejar monto alguno al extorsionador.

A tomar nota del nombre de la persona que efectúa la amenaza o solicitud de dinero, así como el número telefónico del cual le están llamando y la forma de pago de la exigencia (depósito en negocios dedicados al envío de dinero o cuentas bancarias, así como tarjetas de prepago de teléfonos celulares).

Dar aviso inmediato a la autoridad más próxima, ya sea vía telefónica o en forma directa.

Para tal efecto se pone a su disposición los teléfonos de emergencia en las entidades federativas y a nivel federal el 01 800 (3686242).

En caso de que la exigencia económica sea para evitar que un familiar sea remitido al Ministerio Público o para sufragar gastos médicos verificar si el citado familiar se encuentra bien y no recibir las llamadas hasta que la autoridad tenga conocimiento.

Situación en nuestro Estado

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato realiza investigaciones sobre fraudes y extorsiones telefónicos de que han sido víctimas ciudadanos de diferentes municipios de la entidad.

El mecanismo que utilizan estos defraudadores es el siguiente:

a) Se comunican vía telefónica con la víctima.

b) Le plantean una situación de emergencia en la que supuestamente está involucrado un familiar.

c) Se identifican como miembros de una corporación de seguridad o institución pública.

d) Solicitan una cantidad de dinero supuestamente necesaria para que su familiar haga frente al problema en el que se encuentra.

e) Piden que el dinero se deposite en una cuenta bancaria de la que proporcionan el número.

f) Los defraudadores retiran el dinero inmediatamente y por lo general es en una ciudad distinta.

g) La víctima se comunica con sus familiares y se da cuenta que todo fue un engaño.

La Procuraría General Justicia recomienda en estos casos principalmente verificar la información del supuesto familiar, así como denunciar los hechos a cualquier oficina de la Policía Ministerial o al Centro de Atención Telefónica Permanente de la Procuraduría General de Justicia 01 800 368 6242.